En respuesta a los devastadores efectos de la pandemia y animada por Alemania y Francia, la Comisión Europea propuso en mayo un fondo de recuperación de 750 mil millones. Muchos auguraban que el Consejo reduciría esta cantidad, pero finalmente los gobiernos europeos la han mantenido, si bien es cierto que con una distribución diferente en cuanto a la cifra de subvenciones y préstamos. Mientras que la Comisión pretendía darles más peso a los préstamos, finalmente el Consejo acordó 390 mil millones en préstamos y 360 mil en subvenciones. A diferencia del Marco Financiero Plurianual (MFP) que trataremos a continuación, el Parlamento no tiene voto (ni veto) en esta decisión, aunque mayoritariamente la ha aplaudido.

 

Sin embargo, el Parlamento no está tan satisfecho en lo relativo al presupuesto europeo, el MPF, que asciende hasta los 1,074 billones de euros, y dará la batalla hasta finales de año para modificar algunas de las partidas que el Consejo ha reducido, como son las dedicadas a la agricultura, cohesión o investigación, en favor de mayores fondos para la digitalización y la transición verde. El presupuesto europeo está dividido en diferentes programas de financiación cuyo marco legislativo, esto es las distintas regulaciones que lo conforman, han de ser acordadas por Consejo y Parlamento. 

 

Uno de los capítulos del presupuesto que más interesan y que han sufrido un recorte del diez por ciento por parte de los Estados miembros es el de política de cohesión, el cual ascendería hasta 377 mil millones de euros. Dentro de este capítulo se encuentran programas tan importantes como el Fondo Social Europeo, el Fondo de Desarrollo Regional o el Fondo para los Más Necesitados. El programa de salud, antes incluido en el Fondo Social, ahora se separa (con 1,7 mil millones). En lo relativo a estos programas sobre cohesión, desde el Foro Europeo de la Discapacidad estamos trabajando intensamente con el Parlamento para asegurar que se invierta en la inclusión de las personas con discapacidad, que todos los proyectos financiados respeten la accesibilidad y que se apoye la vida independiente en la comunidad. En la misma línea también estamos trabajando en otras partidas como puedan ser el programa Erasmus, el voluntariado europeo, el Fondo de Transición Justa hacia sociedades y empleos más sostenibles para el medio ambiente, así como fondos para el transporte, entre otros.

 

Fijándonos, sin embargo, más concretamente en el Fondo Social Europeo, que es uno de los que más contribuyen a proyectos de inclusión de las personas con discapacidad, éste se reduce ligeramente hasta los 88 mil millones. Es importante señalar que las tasas de cofinanciación se han modificado también a la baja, lo cual conllevaría que, por ejemplo, las regiones más desarrolladas (como sería el caso de Madrid o Barcelona) solo obtuvieran un 40% de financiación por parte de los fondos europeos en los proyectos aprobados, si bien es cierto que estas tasas de cofinanciación podrían aumentar para apoyar acciones innovadoras y para los más desfavorecidos.

 

El Consejo Europeo en su acuerdo añade que “durante la preparación, la ejecución y el seguimiento de los programas pertinentes, deberán tenerse en cuenta y fomentarse la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la igualdad de oportunidades para todos, y la integración transversal de estos objetivos”. Esto nos seguiría permitiendo la posibilidad de utilizar fondos para la inclusión de las personas con discapacidad más allá de los programas financieros habituales.

 

Por tanto, los fondos que mencionábamos al principio dedicados a la recuperación y la resiliencia también pueden y han de ser una oportunidad para paliar los dramáticos efectos de la pandemia sobre las personas con discapacidad, sus familias y asociaciones. Uno de los aspectos del acuerdo reforzados por el Consejo es que todos los países redacten sus planes nacionales de recuperación y resiliencia para poder recibir los fondos. Sería ignominioso que las personas con discapacidad no formaran parte de dichos planes nacionales, ni se pudieran beneficiar de los nuevos recursos puestos a disposición de los países por la Unión Europea en su conjunto.

 

 

Rafael de Lorenzo, Profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad 

Alejandro Moledo, coordinador de Políticas en el Foro Europeo de la Discapacidad

 

EQUIPO DE LA SECCIÓN DERECHO DE LA DISCAPACIDAD